Persecución en Chiapas

Jue, feb 2, 2017

Sección: América

La persecución y agresión en contra de los cristianos va en aumento en el estado de Chiapas, México. Las autoridades locales, en lugar de frenar y convocar a la población del lugar a que respete a quienes no piensan como ellos, encuentran justificaciones en favor de los agresores.

Luis Herrera, presidente de la Coordinación de Organizaciones Cristianas que trabaja en favor de los agredidos, afirmó lo anterior y anunció que esta institución está integrando un expediente con todas las agresiones y persecuciones religiosas de esta zona del país para entregarlo a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), puesto que las autoridades locales muestran una gran indiferencia.

Mencionó el caso de la Ranchería de Bolantón, municipio de Comitán, donde apenas hace unos días les cortaron el servicio de agua y de energía eléctrica a tres familias cristianas y a la casa que utilizan como templo. A la vez a una de esas familias, le destruyeron un baño y le robaron los muebles, puertas y tinaco, que hace poco menos de un año había recibido como parte de las labores de SEDESOL.

Las autoridades locales, en lugar de castigar a los agresores, son los que convocan a la gente para que dañen las casas de estas familias, o si no, muestran una total indiferencia o los justifican como si fuera algo normal agredir y dañar los bienes de otras personas.

En el poblado El Encanto, municipio de Las Margaritas, los hijos de los cristianos perseguidos (a quienes les cortaron el servicio de agua), todavía al 24 de enero de 2017 no habían podido regresar a clases por las incomodidades en que viven y por las agresiones de los vecinos. Asimismo, a estas familias se les suspendieron los “beneficios productivos” que se dan a los que tienen sus tierras sembradas y se les ha impedido acudir a los servicios médicos. También les prohíben asistir a las reuniones públicas con el Agente Municipal.

En este poblado, Juan Gabriel López Pérez de 28 años, fue encarcelado el sábado 7 de enero de 2017 porque se negó a participar en las fiestas patronales de la iglesia tradicional. Al sacarlo de la cárcel porque se enfermó de bronquitis, le dieron 20 días para que “venda voluntariamente” su casa y se vaya del poblado donde nació y vive toda su familia. Además, le impuso una multa de 5,000 pesos, dinero que por supuesto no tiene.

Luis Herrera señaló que las autoridades locales, Agentes Municipales y también los Presidentes Municipales siempre expresan evasivas cuando se les exige que frenen los abusos, agresiones y persecuciones en contra de las familias cristianas. Se limitan a decir que así son las costumbres. De hecho, en el caso de la casa de José Gabriel G. donde destruyeron el baño que hacía menos de un año se había entregado, fue el propio Agente Municipal, Álvaro Argüello García el que convocó a la gente del pueblo para “recoger” el baño construido.

En lugar de defender a los agredidos, son ellos los que llaman a la gente para agredir a los cristianos y luego “ofrecen” darle apoyo a los perseguidos para pagar las multas, explicó Herrera.

“Ante el aumento de estas agresiones contra las familias cristinas estamos trabajando en la integración de un expediente para entregarlo a instituciones internacionales, como la CIDH”, informó Herrera.  Señaló que el 14 de diciembre pasado representantes y agredidos acudieron al gobernador Manuel Velasco Coello, para denunciar las agresiones y persecuciones sufridas, pero nada se ha hecho y se olvidan del artículo 24 que garantiza la libertad de credo. “En general, las autoridades dicen que no es un problema religioso, cuando sí es precisamente agresión en contra de los cristianos, no contra ningún miembro de la Iglesia tradicional”, concluyó.

 

Por Rebeca Lizárraga R.

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